Los primeros pasos significativos de la Administración pública española para valorar y conservar el patrimonio arquitectónico como bien común se pueden relacionar con los procesos de modernización del Estado de principios del siglo XIX. A partir de 1844, los instrumentos de perfil administrativo instaurados con esta finalidad fueron las llamadas Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos.
El funcionamiento y la efectividad de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lleida afrontaron ciertas dificultades desde sus inicios, varias de las cuales eran comunes a otras comisiones: falta de autoridad, poco apoyo por parte de los órganos superiores, escasez de recursos económicos y déficit de referentes. Había otras más específicas: la formación autodidacta de muchos vocales, los equilibrios políticos entre progresistas y conservadores, el sistema cerrado de cooptación de los miembros o la toma de control de la Comisión por parte del sector eclesiástico. La lejanía también fue un factor determinante. Madrid estaba lejos físicamente y el territorio provincial, extenso y mal comunicado, acusó la lejanía mental del centralismo de la capital respecto a la provincia.
Paralelamente a la llegada de la Renaixença, los actores culturales más inquietos de la sociedad periférica de Lleida (el Centre Excursionista de Lleida o el Ateneu Lleidatà) se organizaron para impulsar, al margen del ámbito oficial de la Comisión de Monumentos, acciones de sensibilización y formación, en el contexto de las corrientes de impulso de la nueva cultura, nacional y moderna, activadas en Catalunya. Se dio valor a los elementos más significativos del patrimonio arquitectónico por ser "pruebas vivas" de una historia que se reivindicaba. De denominaciones amplias como "tesoros", "joyas" y "bellezas" del XIX, se pasaba a la concreta "legado artístico de nuestros pasados", es decir, el patrimonio colectivo. Un patrimonio que tenía que mejorar las condiciones culturales del pueblo y facilitar su toma de conciencia y progreso.
Se estudia con detalle la actividad cuotidiana de la Comisión de Monumentos de Lleida. A partir de las actas, conservadas desde el año 1866 en el Institut d'Estudis Ilerdencs, se evidencia la lenta formación de una sensibilidad patrimonial, se demuestra su inhibición o incapacidad de acción en casos concretos del territorio y se analiza la interrelación con los demás actores del patrimonio en Catalunya.
En Catalunya, especialmente en Barcelona, este interés por el patrimonio se había visto impulsado por la confluencia de los trabajos de varios arquitectos destacados con las entidades excursionistas. Recorriendo el territorio, Lluís Domènech i Montaner, desde la Escuela de Arquitectura, mostró al alumnado la riqueza del patrimonio arquitectónico catalán. Algunos de estos alumnos se vincularían más tarde a las iniciativas del Centre Excursionista de Catalunya, el Institut d'Estudis Catalans y el Servei de Conservació i Catalogació de Monuments, creado por la Mancomunitat de Catalunya en 1914. Son casos relevantes los arquitectos Josep Puig i Cadafalch y Jeroni Martorell i Terrats.
En este proceso, arquitecturas que hasta entonces eran poco consideradas por su escasa ornamentación (es decir, el románico y el gótico austero) serían valoradas. A su vez, la robustez y la sobriedad de las mismas darían imagen al proyecto de construcción nacional.
La fuerza de dicho proyecto, sin embargo, no fue homogénea y, en un territorio periférico, los sucesos tuvieron características propias por las diferencias económicas, sociales y culturales que modificaban el ritmo y los efectos de la transformación.
El contraste entre las actuaciones de la Comisión y las de estos otros agentes a partir del contenido de actas y publicaciones muestra, en un contexto territorial periférico, los posicionamientos, los conflictos, los fracasos y los éxitos, y aporta alguna lección sobre la conservación del patrimonio arquitectónico catalán.